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Esto porque permite rejuvenecer un padrón electoral envejecido, aumentar en cuatro millones y medio el número de inscritos, crear una mayor incertidumbre en el voto y, sobretodo, porque obliga a los partidos a considerar a los jóvenes como parte de sus propuestas programáticas y a producir cambios en mejorar la calidad de la política frente a un elector más exigente que el tradicional.
Tal vez lo último sea el elemento principal porque obliga a desafíos a la política y a los políticos. La incorporación del mundo juvenil como potencial elector coincide con el cambio de subjetividad que se ha producido en Chile como en el mundo y ello implicará, especialmente en las elecciones parlamentarias y presidenciales, un cambio de agenda y de proyectos lo suficientemente avanzados como para captar el voto de un sector que está descontento con el modelo económico y político.
Cuando hay un millón cien mil estudiantes universitarios, la consigna deja de ser aquella que levantábamos en los 70 y en los 80: universidad para todos. El tema es ahora estudiar sin hipotecar toda la vida en el sistema financiero, exigir niveles de calidad porque los jóvenes saben que vivimos en un mundo global cada vez más competitivo y lograr que los estudios de hoy estén legados a ofertas ocupacionales al salir de la educación superior.
Pero el cambio de subjetividad va más allá de esto e implica la incorporación de reivindicaciones materiales e inmateriales que no tuvo la generación anterior. Los jóvenes han descubierto que no bastan las tarjetas de crédito para tener mayores bienes de consumo que ilusionó a las capas medias y que hoy viven la realidad de pagar las deudas de un sistema implacable.
Lo que hay hoy es el cuestionamiento a un sistema económico que produce incansablemente desigualdad y abusos, que destruye el medio ambiente, que concentra la riqueza y permite a cada paso la colusión en contra de la sociedad, que permite que universidades privadas que por ley no pueden lucrar hayan creado verdaderos imperios económicos sin control alguno. Se cuestiona la intolerancia, las discriminaciones, la falta de libertad y autonomía personal impuesta por el integrismo valórico, el control de los medios de comunicación por parte de dos grandes grupos económicos y políticos, el doble estándar ético y un sistema político agotado, repetitivo, poco democrático porque está basado en una Constitución ilegítima en su origen.
Por ello, el cuestionamiento es, en primer lugar, a la derecha y a este gobierno que representa ideológica y biográficamente el modelo cuestionado. Allí están los grandes grupos económicos, los ex discípulos ideológicos de la dictadura y algunos que fueron parte del poder autoritario; los gerentes que gestionan directamente el gobierno, controlando todo, salvo la nueva subjetividad que se abre con la revolución digital de la información y de las comunicaciones.
Pero también se cuestiona a la Concertación y a toda la oposición, incluida a la izquierda tradicional y al propio MEO, ya que este es visto, con razón, por los indignados de hoy como una de las ramificaciones nacidas y desarrolladas dentro de la clase política que fue incapaz de introducir las reformas más profundas que hoy se anhelan.
El rechazo político y la desconfianza son generalizados, y encontrarse con esta generación de votantes despierta temor en las estructuras partidarias y de poder. Por ello, también, es que en la derecha se continúe defendiendo el sistema electoral binominal mayoritario y el gobierno, sobrepasando a quienes no quieren ningún cambio en nombre de la estabilidad, se encaminen simplemente a remozar, con pequeñas reformas, lo que hoy existe.
Por esta razón, es que hay parlamentarios de oposición que incluso han presentado vergonzosas propuestas de aumentar el número de parlamentarios para que un pequeño grupo de ellos sea elegido proporcionalmente manteniendo un Senado integralmente binominal. Esta es, también, una forma de escabullir la reforma integral al sistema electoral que la ciudadanía exige.
PERPETUANDO EL EMPATE
Todos ellos quieren mantener el sistema electoral binominal mayoritario porque ello disminuye el impacto de los nuevos votantes. Saben que manteniendo, incluso remozado, el sistema binominal una parte considerable de los jóvenes rechazará el sistema y no votará y que quienes lo hagan estarán obligados a elegir entre ellos, con el cordón de protección que entrega un sistema electoral que fue pensado para que mayorías y minorías pesaran lo mismo en el parlamento y que hoy tiende a perpetuar el empate.
Sin embargo, este cálculo conservador puede generar un desborde y una crisis política muy profunda en el país y es de esperar que quienes se sienten a dialogar para formular un proyecto de cambio del binominal lo tengan en cuenta. Lo exigido es cambiar el binominal mayoritario por un sistema proporcional, que rompa el control de los bloques, que sea capaz de garantizar un mayor número de candidatos. Que elija de acuerdo a la votación real de cada sector, que garantice espacios para los independientes, mujeres, jóvenes e indígenas, que establezca un verdadero pluralismo político y social.
Es en esta reforma y ahora en la que se mide si la clase política estará en condiciones o no de tender un puente con las demandas de los nuevos electores y más allá de ellos. Es una señal de que en el gobierno y en la oposición, que no realizó estos cambios en los 20 años que gobernó y no movilizó a la ciudadanía para lograrlos, se ha escuchado el llamado de la calle.
Un parlamento elegido con un sistema electoral democrático podría crear una correlación que permita terminar con los quórum de las reformas constitucionales, encaminar hacia una nueva constitución, generar una mayoría para una reforma tributaria real que toque la enorme brecha de la inequitativa distribución del ingreso. Establecer normas que proteja a la sociedad del abuso empresarial y abra espacio a las reformas laborales; crear formas nuevas de participación ciudadana, establecer una ley de cuotas para el acceso de las mujeres a las instituciones de representación, el voto de los chilenos en el extranjero y abordar finalmente los llamados temas valóricos que consagren mayores libertades y respeto reala los derechos humanos.
Dudo que este gobierno quiera y pueda realizar una reforma real al sistema electoral y dudo que todos los parlamentarios, incluso algunos de la oposición, estén dispuestos al redistritaje que implica una reforma de fondo del sistema electoral.
Lo claro es que sin una reforma de fondo al sistema electoral, la inscripción automática no valdrá nada, será un cambio estadístico y no político. Pero también es claro que si las instituciones no generan este cambio, para que se puedan desplegar otros cambios urgentes en el modelo político y económico, la política de los ciudadanos se alejará cada vez más de ellas, se profundizará el desprestigio y el malestar y nadie podrá asombrase de tener, hoy o mañana, una Plaza Tahrir en plena Plaza de la Constitución, con instituciones y políticos sobrepasados por una ciudadanía completamente lejana a los partidos y a los representantes de lo que será ya el viejo régimen.
La inscripción automática y el voto voluntario crean una oportunidad para asumir los cambios. Espero que no se desaproveche.
